martes, 27 de marzo de 2018

Cuando para la cuantificación de la indemnización adicional derivada de accidente de trabajo se utiliza el baremo de tráfico, no cabe deducir las mejoras voluntarias de las prestaciones de muerte y supervivencia de la Seguridad Social



A) La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2018, nº 181/2018, rec. 4236/2015, establece que cuando para la cuantificación de la indemnización adicional derivada de accidente de trabajo se utiliza el baremo circulatorio, cabe descontar o no el importe de las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, el TS señala que las indemnizaciones de la Tabla I resarcen el daño moral esencialmente, y que de ellas no pueden deducirse las mejoras voluntarias de las prestaciones de muerte y supervivencia.

B) ANTECEDENTES DE HECHO: El Juzgado de lo Social nº 2 de El Ferrol, en sentencia de 4 de febrero de 2014, estimó parcialmente la pretensión actora, al considerar que el accidente laboral origen del litigio sobrevino como consecuencia del incumplimiento por el empresario de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, condenando a los codemandados, conjunta y solidariamente, a abonar a los demandantes la suma de 85.171,12 €, más el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda. La cantidad reconocida es fruto de las siguientes variables y operaciones: 

1ª) Como punto de partida se acepta la indemnización fijada en el baremo para el supuesto de víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes (Grupo IV), conforme a los valores aplicables en el año 2011, a tenor de los cuales a los progenitores les corresponden 99.775,86 €, y al hermano 18.141,08 €, lo que supone un montante global de 117.917,04 euros.

2ª) A dicha suma se le aplica un incremento del 20 % por la omisión absoluta por la empresa de las medidas de seguridad exigibles, con lo que se alcanza la cifra total de 141.500,29 euros.


3ª) De esta última cantidad se detrae el importe de la mejora voluntaria por muerte establecida en el convenio colectivo para la Industria Siderometalúrgica de A Coruña, cuantificada en 40.000 euros, sin perjuicio de la compensación que, en su caso, proceda efectuar en fase de ejecución, habida cuenta que la empresa únicamente ha satisfecho por ese concepto 8.100 euros.

4ª) Igualmente se deduce la cantidad de 16.287,08 euros, abonada por la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo en concepto de indemnización a tanto alzado.

5ª) Finalmente, se descuenta el auxilio de defunción liquidado por dicha entidad colaboradora de la Seguridad Social por importe de 42,09 euros.

6ª) El resultado de aplicar el citado incremento y detracciones arroja una indemnización global a favor de padres y hermano de 85.171,12 euros.

C) RECURSO DE SUPLICACIÓN: Disconformes los actores con la cuantía de la indemnización, se alzan en suplicación y mantienen la reclamación de 300.000 €, porque consideran de un lado que dado que la indemnización básica establecida en el baremo de tráfico resarce los daños corporales y morales, de la misma no procede deducir las prestaciones de Seguridad Social y las mejoras voluntarias que compensan el lucro cesante, y, de otro, que el órgano de instancia no ha reconocido cantidad alguna en concepto de lucro cesante, que procede fijar teniendo en cuenta las cantidades que hubiera percibido el causante hasta la fecha de su jubilación y descontando la indemnización a tanto alzado , el auxilio de defunción y la mejora voluntaria.

La sentencia de 19 de octubre de 2015 (rollo 3700/2014), dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, desestima el recurso planteado por los demandantes. Fundamenta el pronunciamiento en que la resolución de instancia ha establecido la cuantía de la indemnización dentro de los parámetros del baremo de tráfico, aplicado a título orientativo, que únicamente puede ser revisada cuando se observe una desproporción entre el daño y la indemnización, que en este caso no se aprecia dadas las circunstancias concurrentes y las cantidades que la Sección de la Sala viene otorgando en supuestos de análogas características.

D) Se presenta recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora analizamos, aportando como sentencia de contraste la de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2014 (rec. 1506/2013).

Como base de partida para llevar a cabo el preceptivo juicio de contradicción entre las resoluciones comparadas, conviene remarcar que en la sentencia de contraste únicamente se debatió el tema relacionado con el tipo de daños que compensan la indemnización básica por fallecimiento de la Tabla I del baremo, el factor corrector por perjuicio económico de la Tabla II, y las mejoras voluntarias de las prestaciones de Seguridad Social por muerte y supervivencia, sentando el criterio de que la primera resarce los daños morales y patrimoniales básicos y las restantes el lucro cesante, de lo que la resolución citada para el contraste a extrae una doble consecuencia aplicando criterios de homogeneidad: a) la imposibilidad de detraer el importe de la mejora de la indemnización básica de la Tabla I; b) la procedencia de descontar la mejora del factor corrector por perjuicios económicos.

No desconocemos que la sentencia de contraste cita y transcribe parcialmente anteriores resoluciones de esta Sala en las que se hace referencia a la improcedencia de detraer ciertas prestaciones de Seguridad Social de determinadas indemnizaciones calculadas conforme al baremo vial, pero tales remisiones carecen de influencia en el fallo, por lo que el intento de apoyar la contradicción al respecto únicamente en ese reenvío no pasa de constituir por parte de la recurrente la pretensión de llevar a cabo una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, que no basta para considerar acreditado el presupuesto de la contradicción.

A mayor abundamiento, en las sentencias reseñadas en la referencial no se hace mención a las indemnizaciones de la Tabla I ni a la prestación percibida por los padres del causante, regulada en el art. 177 LGSS vigente a la sazón, consistente en una indemnización a tanto alzado en cuantía equivalente a doce mensualidades de la base reguladora. Si los demandantes discrepaban de la solución dada por la sentencia impugnada en este punto debieron suscitarlo de manera específica y diferenciada en el presente recurso, aportando una sentencia de contraste que, en un supuesto sustancialmente igual, hubiera rechazado descontar la citada prestación de la indemnización básica de la Tabla I, lo que no han hecho, omisión que dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación unificadora, no puede ser salvada de oficio por este Tribunal acudiendo a otras sentencias en las que además no se analizan esa concreta indemnización y prestación, lo que determina la imposibilidad de abordar el análisis de fondo de ese tema, al igual que el de los referidos al descuento del auxilio de defunción y a la compensación del lucro cesante.

Delimitada así la cuestión a resolver en este recurso, respecto de ella no cabe duda que, como señala el Ministerio Fiscal, la sentencia impugnada entra en clara contradicción con la sentencia de contraste, pues en ambos casos se trata de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de sendos accidentes de trabajo con resultado de muerte, y para determinar su cuantía las dos sentencias aplican el baremo del automóvil con carácter orientativo, y mientras que la recurrida considera que de la indemnización calculada de acuerdo a la Tabla I se debe deducir la mejora voluntaria de las prestaciones por muerte y supervivencia percibida por los perjudicados a tenor de lo dispuesto en el convenio colectivo de aplicación, la referencial no admite el descuento.

E) Sobre la cuestión relativa a si cuando para el cuantificación de la indemnización adicional derivada de accidente de trabajo se utiliza el baremo circulatorio, de las indemnizaciones básicas por muerte previstas en la Tabla I cabe descontar o no el importe de las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en la sentencia invocada como término de comparación de 13 de marzo de 2014. En ella se concluye, con la precisión que en lo que respecta al concreto tipo de daños que se resarce a través de la Tabla I, introduce la sentencia de 20 de noviembre de 2014 (rec. 2059/2013) a la luz de la doctrina sentada por la sentencia, de Pleno, de 23 de junio de 2014 (rec. 1257/203), que las indemnizaciones de la Tabla I resarcen el daño moral esencialmente, y que de ellas no pueden deducirse las mejoras voluntarias de las prestaciones de muerte y supervivencia, por no guardar la necesaria homogeneidad conceptual, pues estas mejoras tienen como finalidad indemnizar a los familiares del causante por la pérdida definitiva de los ingresos que allegaba a la familia, esto es, compensar el llamado lucro cesante.

Cabe añadir que la sentencia referencial sigue el criterio general marcado por la Sala 4ª del TS en su sentencia, de Pleno, de 17 de julio de 2007 (rec. 4367/2005), recogido en pronunciamientos posteriores, en el sentido de que teniendo el daño distintos aspectos, a todos los cuales debe abarcar la indemnización en forma que se garantice al perjudicado la total indemnidad por el hecho lesivo, la compensación de las indemnizaciones resultantes de las distintas vías debe operar entre conceptos homogéneos para una justa y equitativa reparación del daño real, de forma que el descuento por lo ya percibido opere, solamente, sobre los conceptos a los que se imputaron los pagos previos.

Procede, por cuanto se deja razonado y de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, declarar que la doctrina ajustada a Derecho es la mantenida en la sentencia referencial, y, por ende, estimar en parte el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por los actores, en los términos que se indican en la parte dispositiva, pues es claro que si las mejoras voluntarias de las prestaciones por muerte y supervivencia de la Seguridad Social resarcen el lucro cesante producido, no pueden ser compensadas con las indemnizaciones reconocidas con arreglo a la Tabla I del baremo circulatorio para compensar unos daños diferentes (los daños morales), como ha hecho la sentencia impugnada.

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sábado, 24 de febrero de 2018

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de enero de 2018, nº 3/2018, rec. 3994/2015, establece que la indemnización por exclusión de la bolsa de trabajo prescribe al año desde la decisión empresarial



A) Declara el TS que en el supuesto de la sentencia recurrida únicamente existe un solo proceso judicial en el que se plantea en primer lugar una acción meramente declarativa, dentro del año siguiente a la actuación empresarial en litigio, y posteriormente se ejercita una segunda acción de reclamación de indemnización de daños y perjuicios, cuando ya han transcurrido tres años desde que tiene lugar esa misma actuación empresarial que sirve de causa a esta segunda petición, por lo que sí cabe hablar de prescripción.

Es decir, que si un trabajador es excluido de una bolsa de trabajo y no ejercita la acción de reclamación de indemnización a la vez que la interposición de la acción declarativa que solicita la declaración de ilicitud, no puede ampliarse la demanda una vez trascurrido el plazo de un año desde la decisión empresarial, ya que la acción estaría prescrita.

B) ANTECEDENTES: Los elementos relevantes de la sentencia recurrida a estos efectos, son como siguen: 1º) el actor ha estado inscrito desde el año 2005 en las bolsas de empleo de Correos, y venía prestando servicios en calidad de personal eventual para Correos y Telégrafos S.A, en la localidad de Boiro; 2º) en fecha 13 de octubre de 2009 recibe comunicación escrita en la que se le informa que se ha producido el decaimiento de su derecho a seguir incluido en tales listas para el periodo 2009 a 2012, conforme a las bases de la convocatoria de 7 de febrero de 2008; 3º) el 18 de octubre de 2010 interpone demanda frente a esa decisión, en la que solicita " que se reconozca que el decaimiento sufrido por el actor en la Bolsa de Boiro de reparto motorizado (B150074) es total y absolutamente injustificado y se condene a la mercantil citada a reconocer al trabajador en la situación inmediatamente anterior al decaimiento de la misma y con todas las consecuencias legales inherentes a tal declaración "; 4º) admitida la demanda a trámite se fijó como fecha para la celebración el acto de juicio el día 30 de septiembre de 2013, que fue suspendido, presentando el actor escrito de ampliación de demanda el 4 de octubre de 2013 en el que reclama el pago de una indemnización de daños y perjuicios de 13.105,19 euros por los salarios dejados de percibir.

C) Estamos ante un único proceso judicial en el que se plantea en primer lugar una acción meramente declarativa, dentro del año siguiente a la actuación empresarial en litigio, y posteriormente se ejercita una segunda acción de reclamación de indemnización de daños y perjuicios, cuando ya han transcurrido tres años desde que tiene lugar esa misma actuación empresarial que sirve de causa a esta segunda petición.

La sentencia recurrida considera prescrita la acción de reclamación de tal indemnización, por cuanto en la demanda se ejercitó una pretensión eminentemente declarativa que no contenía petición indemnizatoria alguna, que por vez primera se ejercita el 4 de octubre de 2013, cuando ya ha transcurrido sobradamente el plazo de un año desde que se le notificó la exclusión de la bolsa de trabajo de aquella convocatoria el 13 de octubre de 2009.

Es por ello que se entiende prescrita la acción de reclamación de la indemnización en cuanto el trabajador ha dejado transcurrir en exceso el plazo de un año para reclamar el pago de la reparación económica derivada de la actuación en litigio, sin haber incluido esa acción en la demanda inicial origen de las actuaciones.

Otra cosa sería si, como en el caso de la sentencia de contraste con la que no se aprecia contradicción, existiesen dos procesos judiciales diferentes, uno, primeramente, ejercitando en plazo la acción declarativa para conseguir el reingreso en la bolsa de empleo, y una vez obtenida sentencia firme favorable, un segundo que suscitase en el año siguiente la solicitud del pago de la indemnización.

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miércoles, 21 de febrero de 2018

Baremo de indemnizaciones por accidentes de trafico en 2018



Por Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece, en su artículo 49.1, que las cuantías indemnizatorias del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, fijadas en ella, quedan automáticamente actualizadas con efecto a 1 de enero de cada año, en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Debido a que la Ley de Presupuestos no ha sido aprobada antes del primer día del presente ejercicio económico, el Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018, establece, en su artículo único, una revalorización de las pensiones del 0,25 por ciento.

Tomando en consideración la disposición anterior y en aplicación del artículo 49.3 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerda hacer públicas en su sitio web http://www.dgsfp.mineco.es/, las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2018 revalorizadas en el 0,25 por ciento.

Por lo tanto, las indemnizaciones este año 2018 has subido un 0,25 % con respecto al año 2017, y un 0,50% con respecto al año 2016:
Las lesiones temporales quedan de la siguiente manera:



Año 2016
Año 2017
Año 2018
Día de perjuicio Básico

30 €
30,075 €
 30,15 €
Días de perjuicio particular:
Moderado
52 €
52,13 €
 52,26 €

Grave
75 €
75,18 €
75,37 €

Muy Grave
100 €
100,25
100,50 €

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martes, 6 de febrero de 2018

La administración responde de todo tipo de daño material y personal que sufran los funcionarios de prisiones en acto o con ocasión del servicio, cuando no exista dolo, negligencia o impericia del funcionario, si penalmente han sido declarados insolventes los culpables, en base al principio de indemnidad.



A) La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº UNO  de Madrid, de 22 de noviembre de 2017, nº 124/2017, rec. 75/2017,  declara el derecho a ser indemnizado por la administración un funcionario de prisiones, en base al principio de indemnidad,  tras ser agredido en acto de servicio, en base  al principio de reparación integral, por responsabilidad patrimonial de la administración, Ministerio del Interior, sin perjuicio, en su caso, del derecho de subrogación de la administración que procediera en caso de que el condenado viniera a mejor fortuna.

B) ANTECEDENTES DE HECHO: Que por sentencia nº 40/2016 de fecha 26-01-2016 dictada por el Juzgado de lo Penal nº uno de Palencia, en relación al procedimiento abreviado nº 299/2015 se declaró como hechos probados lo siguiente:

"Por conformidad se declara probado que sobre las 21,30 horas del día 20 de junio de 2014, el acusado Basilio, con ocasión de encontrarse como interno, en el Módulo x del Centro Penitenciario de la Moraleja, sito en la localidad de Dueñas, como quiera que al realizarse por funcionarios del Centro el preceptivo recuento y observar estos que el acusado había causado desperfectos intencionados en la ventana de la celda y esgrimía un trozo de cristal contra ellos, fue requerido por éstos para que depusiese su actitud violenta, refiriendo el acusado "ábreme que te voy a matar y voy a poner precio a tu cabeza, al primero que entre me lo llevo por delante, os vais a arrepentir, estáis creando un monstruo en la cárcel por no verme los médicos, los médicos son los culpables, allí tiene que morir alguien, que está hasta los cojones de hijos de puta".

Como quiera que no depusiese su actitud, los funcionarios proceden a la apertura de la celda a fin de reducirle, momento en que el acusado, lejos de facilitar su función, se opuso violentamente, golpeando a varios funcionarios.
En relación al funcionario demandante, sufrió traumatismo cráneo encefálico con herida inciso contuso de unos dos centímetros en región frontal izquierda y herida inciso contusa infractuosa de unos 3 centímetros en región frontoparietal izquierda, heridas de las que curó a los 45 días con impedimento, restándole como secuelas dos cicatrices residuales, una de 2 centímetros en región frontal izquierda y otra de 3 centímetros en región frontoparietal izquierda (valoradas en 3 puntos)...".

Que en el fallo de la mencionada sentencia penal se condena a Basilio, entre otras penas, a que indemnice al funcionario de prisiones demandante en la cantidad de 2.700 euros por lesiones y en la cantidad de 2.550 euros por secuelas, es decir un total de 5.250,00 euros.

Que tras el pago de únicamente 30 euros por parte del condenado,  el funcionario lesionado no ha recibido nada más del condenado, siendo dicho interno, declarado insolvente por Auto de 18 de agosto de 2016 por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Palencia, que inicialmente no se le notificó a al condenado.

El funcionario de prisiones, reclama la cantidad de 5.220 euros por las lesiones y secuelas sufridas a la Administración demandada.

La administración demandada se opone a la pretensión, ratificando la resolución y oponiendo prescripción por el transcurso del plazo de un año desde el efecto lesivo, sin que el procedimiento penal la interrumpa y sobre el fondo pide la desestimación alegando que la sentencia establece la responsabilidad de una persona, no del Estado.

C) INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN: Se opone que la reclamación estaría incursa en extemporaneidad al promoverse el 4-10-16, más de dos años después de producirse la agresión el 20-6-14, y que según el informe forense la sanidad se produjo el 4-8-14, y el 14 de octubre las secuelas estaban consolidadas, por lo que iniciado el cómputo en tal fecha habría concluido el 14-10-15.

El motivo no puede acogerse pues la prescripción en supuestos como el presente se interrumpe por la iniciación de un proceso penal que verse sobre la posible comisión de hechos delictivos a los que pueda estar ligada la apreciación de responsabilidad civil dimanante de la infracción penal, afirmando la STS de 1 de Junio de 2011 (rec. 554/2007): "Como expresa la sentencia de esta Sala, Sección Sexta, de 21 de marzo de 2000, recurso de casación 427/1996 y otras posteriores en idéntico sentido que la siguiente: " Esta Sala tiene, en efecto, declarado (sentencia de 4 de julio de 1990, entre otras muchas) que el principio de la "actio nata" impide que pueda iniciarse el cómputo del plazo de prescripción mientras no se tiene cabal conocimiento del daño y, en general, de los elementos de orden fáctico y jurídico cuyo conocimiento es necesario para el ejercicio de la acción. La interrupción del plazo de prescripción de un año hoy establecido por el art. 142.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (RCL 1958, 1258, 1469, 1504 y RCL 1959, 585) se produce no sólo por la iniciación de un proceso penal que verse sobre la posible comisión de hechos delictivos a los que pueda estar ligada la apreciación de responsabilidad civil dimanante de la infracción penal, sino incluso por la pendencia de una acción civil encaminada a exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, salvo que sea manifiestamente inadecuada ( sentencia de 26 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4975), que invoca la doctrina de la sentencia de 4 de julio de 1980.

De esta jurisprudencia se deduce que la prescripción se interrumpe en virtud de cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o perjuicio frente a la Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para ello".

La citada jurisprudencia es perfectamente aplicable al presente supuesto, por cuanto fue la sentencia de 26-1-16 la que estableció las responsabilidad penales y civiles derivados del hecho delictivo e incluso no fue hasta el 18-8-16 en que se dictó el auto de insolvencia, por lo que es evidente que hasta el dictado de tales resoluciones no era posible plantear la presente acción indemnizatoria, que se basa tanto en la declaración judicial de las responsabilidades como en la falta de pago al recurrente de la indemnización reconocida, por lo que la reclamación fue presentada dentro del plazo de un año.

D) NATURALEZA DE LA ACION EJERCITADA: Sobre la naturaleza de la acción ejercitada, en un caso similar si bien referida a un funcionario de policía, la STSJ de Extremadura de 16 septiembre de 2014, rec. 483/2013 tiene declarado:

La controversia jurídica planteada no puede resolverse mediante los preceptos que disciplinan el instituto de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y ello por cuanto, en la línea ya marcada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de junio de 1999, "la responsabilidad extracontractual supone la existencia de una determinada actividad administrativa que incidentalmente, y al margen de cualquier relación jurídica previamente constituida, provoca unos daños a determinada persona que ésta no tiene la obligación jurídica de soportar". Y es que no podemos afirmar que exista ausencia de relación jurídica previamente constituida en la conducta de los funcionarios públicos, que se encuentran ligados a la Administración por una relación de servicios, calificada de estatutaria, esto es, definida legal y reglamentariamente, por lo que la reparación de los daños y perjuicios que surjan en el marco de esa relación de servicios debe producirse primariamente por aplicación del ordenamiento que regula o disciplina esa relación. En consecuencia, sólo podrán ser reparados los daños sufridos por los funcionarios públicos con fundamento en el instituto de la responsabilidad patrimonial cuando no exista una regulación específica, o cuando, existiendo ésta, su aplicación no repare íntegramente los daños causados. Hemos de partir, pues, del indiscutible principio de que las indemnizaciones en el seno de las relaciones específicas -como es la funcionarial- se definen y sustancian dentro de esta relación, y con el régimen propio del contenido de ésta. Así lo ha considerado el Consejo de Estado, que en Dictamen 522/91 emitido en un expediente instruido a instancias de un Policía Local que solicitaba la indemnización de lesiones sufridas en acto de servicio por un atracador a quien intentó detener, afirmó que: "no concurre en el supuesto considerado una imputación, por titulo alguno, a la Administración, pues el daño -consecuencia de una actividad punible- no es trasladable por tal título a la esfera pública. No cabe inferir una imputación genérica a la propia organización administrativa ni es perceptible una situación de anormalidad en el funcionamiento del servicio público o situación de riesgo creada por la Administración, presupuesto primario e ineludible para que opere el instituto de la responsabilidad objetiva, según las previsiones legales, esta es, en el plano constitucional, del art. 106.2 de la CE, y en el de la Ley, del art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado " (hoy, como sabemos, arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992). Y es que consideramos que sin duda la cuestión debe ser resuelta, atendiendo al principio de indemnidad que rige para los funcionarios públicos cuando actúan en el ejercicio de sus cargos, y a la consiguiente reparación o restitución "ad integrum" que se deriva de dicho principio. Así lo ha venido señalando con reiteración el propio Consejo de Estado (vid. Dictamen 522/91), que ha puntualizado que quien sufre por causa de su actuación pública, o con ocasión de ella, un daño, sin mediar dolo o negligencia por su parte, debe ser resarcido "por causa que se localiza en la propia concepción y efectos de lo que es el ejercicio de una función pública". Este principio, el de indemnidad, tiene su fundamento en el ámbito que examinamos en los artículos 179 y 180 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa (aprobado por Decreto 2038/1975, de 17 de julio). Pero igualmente debemos considerar que el Consejo de Estado ha considerado como fundamento del principio de indemnidad (v.gr. dictamen número 195/93) el art. 23.4 de la Ley 30/84, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con arreglo al cual "los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio". Precepto que sin duda contiene un principio directamente aplicable sin necesidad de intermediación reglamentaria, que prescribe que el desempeño de sus funciones no puede derivar para el empleado público ningún perjuicio patrimonial, y que hoy se recoge en el artículo 28 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Llegados a este punto, y como ya hemos adelantado en las líneas precedentes, veamos qué es lo que disponen los arts. 179 y 180 del R.O.P.G. Según el primero de ellos, "cuando un funcionario hubiera sufrido daños materiales en acto u ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia, podrá el Director General de Seguridad ordenar la incoación de un expediente de resarcimiento de aquéllos en favor del damnificado, donde se acreditarán sus causas, calidad e importe, y se resolverá sobre la procedencia o no de la indemnización correspondiente". Y según el artículo 180 "cuando en iguales circunstancias resultase lesionado algún funcionario el Director General podrá disponer la instrucción de un expediente para acreditar los hechos originarios, las lesiones sufridas, la capacidad o incapacidad derivada y el importe de los gastos de curación a los efectos del artículo 165 y los demás que procedan". A la vista del tenor literal de ambos preceptos, es llano que el art. 179 se refiere a la reparación de los daños materiales y el art. 180 a la de los daños personales que sufre algún funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en acto o con ocasión de servicio, sin mediar dolo, negligencia o impericia.

El Consejo de Estado, en su dictamen 185/88, ha llegado a afirmar 1 en relación con estos preceptos, que "el Reglamento prevé un régimen indemnizatorio especial para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de cuyo sistema se deduce que lo preside un claro principio de universalidad en la descripción del daño resarcible, siempre que éste haya tenido lugar en acto u ocasión del servicio, así como un principio de indemnidad respecto al alcance de la indemnización que otorga". Y tanto es asi que ni uno ni otro de los preceptos citados limitan su eficacia al daño producido por la propia Administración, sino que también cubre -en una correcta hermenéutica de tales normas- los perjuicios derivados de hecho o acto ajeno, incluido el del propio funcionario si éste no incurrió en dolo, negligencia o impericia por su parte.

E) En esta tesitura, nos encontramos en condiciones de afirmar que los daños cuya reparación prevé el art. 180 del R.O.P.G. son todos los que sufra en su persona el funcionario, lo que incluye, lógicamente, no sólo los gastos de curación, sino también todo daño inherente a sus lesiones y secuelas, incluyendo, como no podía ser de otro modo, los daños morales. No basta, pues, entendemos, que al demandante se le abonaran las retribuciones íntegras correspondientes al desempeño de su puesto de trabajo durante el tiempo en el que las lesiones tardaron en curar, ni que sus gastos de curación fueran sufragados por las correspondientes entidades médicas. Y ello porque si asi fuera no se cumpliría el principio de la reparación integral del daño, que debe imperar en el ámbito de la responsabilidad civil. Dicha responsabilidad, según el art. 110 del Código Penal, comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales. Pues bien, de acuerdo con dicho precepto, se cuantificó como importe que debía satisfacer el condenado la suma de 462,62 euros por los días de curación, tratándose de hechos probados recogidos en la sentencia penal que tienen eficacia probatoria en el presente proceso. Dicha cuantía trataba de restablecer al funcionario de manera equitativa de los perjuicios que había sufrido, perjuicios que ya hemos concretado anteriormente y que no son difíciles de imaginar en el supuesto de sufrir una agresión. Así pues, lo que no puede obviarse en el presente supuesto es que al hoy recurrente le unía una relación de servicios con la Administración demandada, y en el desempeño de la misma se causó unas lesiones y unos daños materiales que no tiene el deber jurídico de soportar. No se trata, por consiguiente, de una suerte de responsabilidad subsidiaria del Estado que no ha participado en el procedimiento penal correspondiente. De lo que se trata, por el contrario, es de que el mismo garantice, de acuerdo con los preceptos que resultan de aplicación (arts. 179 y 180 del Reglamento Orgánico de Policía Gubernativa), todo tipo de daño material y personal que sufran los policías en acto o con ocasión del servicio, cuando no exista dolo, negligencia o impericia del funcionario. Y dicha garantía sólo se puede cumplir si se respeta el principio de indemnidad antes aludido, lo que implica que en el presente caso el Estado asuma el pago del importe de la indemnización que se estableció a favor de su funcionario por un hecho cometido por un tercero que ha resultado insolvente. No olvidemos que por imperativo legal le corresponde al Estado dispensar a sus funcionarios la protección que requiera el ejercicio de sus cargos, y que esta protección sólo será correctamente dispensada si la Administración demandada asume la carga de indemnizar al recurrente por las lesiones y secuelas sufridas. Procede en consecuencia la estimación de la demanda en cuanto a la petición principal contenida en el suplico y relativa a que se reconozca el derecho del demandante al abono por parte de la Administración de la indemnización de 420 euros a la que fue condenada la persona que le causó las lesiones cuando prestaba servicio y que fue declarada insolvente. En idéntico sentido, nos hemos pronunciado en la sentencia de fecha 19-4-2007, recurso contencioso- administrativo número 893/2005 y 466/2014 de 20 mayo (rec. 132/2012). La cantidad de 462,62 euros devengará el interés legal del dinero desde la fecha de reclamación en via administrativa de acuerdo con el art. 1100 del C. Civil de aplicación subsidiaria en este orden judicial."

Expresa la resolución recurrida que la sentencia que enjuicio los hechos condenó al autor de los mismos y acordó su responsabilidad civil, por lo que entiende que la Administración ha quedado exonerada, siendo las consecuencias solo imputables a un tercero, no vulnerándose el principio de indemnidad ya que las consecuencias no van más allá de lo que debe soportar un funcionario público en el ejercicio de su cargo.

Ciertamente la STS de veintinueve de octubre de dos mil diez, dictada en el recurso de casación núm. 4330/2006, expresó que "la jurisprudencia constante de esta Sala, a partir de nuestra sentencia de 1 de febrero de 2003 (Rec. 7061/2001), que declara que en los supuestos de funcionamiento normal, el servidor público ha asumido voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la ley, tiene el deber jurídico de soportar, por lo que el daño no sería antijurídico y la Administración no vendría obligada a indemnizarle por el concepto de responsabilidad patrimonial sino con las prestaciones previstas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicables a su relación estatutaria".

Ahora bien el supuesto presente no se puede incluir en el de funcionamiento normal de la administración, sino que obedece a un hecho de naturaleza extraordinaria ocasionado por persona ingresada en el centro penitenciario y que por tanto estaba bajo la custodia de la Administración, y en tales supuestos lo que se ha de conseguir es la indemnización total de los efectos o consecuencias que derivaron de la agresión sufrida por el recurrente, que no tiene obligación de soportar, por cuanto la agresión se produjo en acto de servicio, es decir en el ejercicio de sus funciones profesionales y por tanto en beneficio del interés general.

La STS de 7 de noviembre de 2011, rec. 2675/2010, declara doctrina reiterada del tribunal la que indica que la reparación del daño es compatible con la pensión extraordinaria que por la condición de afectado pueda corresponder a la víctima, ya que la indemnización persigue la total indemnidad de los perjuicios sufridos y no solo los patrimoniales, sino también los morales...".

En consecuencia la reclamación debe acogerse pues no puede el recurrente quedar sin amparo por el hecho de que el condenado ha ya sido declarado insolvente pues el reclamante no debe soportar las consecuencias de su correcta y obligada actuación, debiéndose garantizar el principio de indemnidad por la Administración, sin perjuicio, en su caso, del derecho de subrogación que procediera en caso de que el condenado viniera a mejor fortuna.

F) La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 11 de mayo de 2017, nº 205/2017, rec. 520/2016, declara que la administración responde de todo tipo de daño material y personal que sufran los policías nacionales en acto o con ocasión del servicio, cuando no exista dolo, negligencia o impericia del funcionario, al haber sido declarados insolventes los culpables, en base al principio de indemnidad.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de fecha 30 de noviembre de 2015, nº 858/2015, rec. 288/2015, declara que las lesiones sufridas por un policía como consecuencia del acto de servicio, sin mediar dolo ni negligencia o impericia por parte del policía, deben ser indemnizadas por la Administración al haber sido declarados insolventes los culpables, en base al principio de indemnidad.

Igualmente, como resolvió la sentencia del TSJ de Extremadura Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 10 de marzo de 2015, nº 208/2015, rec. 246/2014, la Administración está obligada a pagar al recurrente una indemnización por las lesiones producidas en acto de servicio. El policía nacional recurrente obtuvo a su favor en sentencia penal, el derecho a recibir una indemnización del condenado por delito de atentado y lesiones, no obstante ante la insolvencia del delincuente, la Administración debe responder de la indemnización, en virtud del principio de indemnidad aplicable a los funcionarios públicos en base al art 28 Ley 7/2007 y 180 del Reglamento de la Policía Gubernamental, que prevé el abono de las indemnizaciones "que procedan".

G) CONCLUSION: La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, de 11 de mayo de 2017, nº 205/2017, rec. 520/2016, declara que:

Procede en consecuencia la estimación de la demanda en cuanto a la petición principal contenida en el suplico y relativa a que se reconozca el derecho del demandante la abono por parte de la Administración de la indemnización de 620 euros reclamada a la vista de los días de sanidad, como precisó la Sentencia dictada y en la que fue condenada la persona que le causó las lesiones cuando prestaba servicio y que fue declarada insolvente. En idéntico sentido, nos hemos pronunciado en la sentencia de fecha 19-4-2007, recurso contencioso-administrativo número 893/2005, y en sentencia de fecha 22 de noviembre de 2.011 en recurso nº 219/2010. El principal se verá incrementado con el interés legal devengado desde la fecha de la reclamación en vía administrativa del funcionario hasta su efectivo abono.

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domingo, 28 de enero de 2018

En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida por la sentencia del Juzgado civil de familia

A) La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sec. 6ª, de 22 de mayo de 2017, nº 246/2017, rec. 769/2016, concluye que en los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil y pasará a ser el titular del contrato. Por lo que no procede la acción de desahucio por precario cuando se acredita la existencia de un contrato de arrendamiento, pues existe título bastante que da cobertura a la posesión por parte del cónyuge no arrendatario, que pasará a ser el titular del contrato.

B) Establece el artículo 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos:

1. En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil que resulte de aplicación. El cónyuge a quien se haya atribuido el uso de la vivienda arrendada de forma permanente o en un plazo superior al plazo que reste por cumplir del contrato de arrendamiento, pasará a ser el titular del contrato.
2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.

C) La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 6ª, de 23 de enero de 2012, nº 24/2012, rec. 518/2011, manifiesta que: Ciertamente el art. 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos ha dado lugar a dos interpretaciones, con muy diferentes consecuencias; 1º) así un primer grupo de autores y resoluciones judiciales sostienen que dicho precepto crea un derecho de subrogación a favor del cónyuge al que se atribuye el uso, que se produce ope legis y por razón del dictado de la sentencia matrimonial y no por concierto alguno de voluntades, que es al que se adhiere la sentencia recurrida; 2º) y otro segundo, según el cual no varía la titularidad negocial arrendaticia en la que permanece el cónyuge que intervino en el contrato, concediéndose al cónyuge que permanece en la vivienda un derecho de uso en tanto permanezca vigente la declaración de atribución en tal sentido de la sentencia matrimonial.

1º) En este orden de cosas es claro que la norma pretende reforzar la eficacia de la atribución del uso de la vivienda arrendada al interés familiar más necesitado de protección por la doble vía de: a) descartar que dicha atribución pueda ser equiparada a una cesión inconsentida de la vivienda, que con arreglo al artículo 27.2.c) de la L.A.U. sería causa de resolución del arrendamiento; y b) obligando al arrendador a reconocer como interlocutor a quien no fue parte en el contrato, con la consiguiente excepción al principio de la relatividad subjetiva proclamada por el artículo 1257 del Código Civil.

2º) Así pues el art. 15 de la LAU no provoca la subrogación directa del cónyuge no contratante en el arrendamiento, pero si le faculta a hacerlo, pues así se deduce de la Exposición de Motivos cuando al analizar las Disposiciones Transitorias afirma que se opta por la suspensión total de las subrogaciones inter vivos "excepción hecha de la derivada de la resolución judicial en proceso matrimoniales "; refuerza esa interpretación el artículo 12 de la L.A.U. cuando prevé que si el arrendatario manifiesta su voluntad de no renovar el contrato o de desistir de él, puede el cónyuge que conviviera con él hasta esa fecha manifestar por escrito al arrendador " su voluntad de ser arrendatario" y continuar por tanto ocupando la vivienda en tal condición.

3º) Ahora bien, aclarada la condición del cónyuge no contratante como verdadero arrendatario una vez cumplimentado los requisitos del artículo 15 de la L.A.U. (sentencia del T.S. de 18 de enero de 2.010), nos resta determinar cual será la posición en que queda el primero pues el precepto obvia cualquier indicación expresa al respecto.

En este punto un importante sector de la doctrina y jurisprudencia de las Audiencias viene sosteniendo que desde el momento que la decisión judicial dictada en un proceso matrimonial contencioso por la que se atribuye al cónyuge no contratante el uso de la vivienda arrendada es susceptible de modificación si varían las circunstancias que sirvieron de fundamento a su adopción, el pronunciamiento matrimonial no debe extinguir de forma definitiva el vínculo primitivo entre arrendador y arrendatario porque de ser así impediría un eventual retorno del cónyuge contratante a la vivienda arrendada (Sentencias de A.P. de Álava de 20 de septiembre de 2000, A.P. de Vizcaya de 29 de julio de 1999, A.P. de Santa Cruz de 23 de enero 1999 y Burgos de 26 de octubre de 1999 y 17 de enero de 2.011, entre otras); ello claro está, salvo acuerdo expreso de los contratantes para que en lo sucesivo el contrato tenga como único referente al cónyuge no firmante del mismo.

4º) En consecuencia parece más acertado entender que la subrogación en el contrato del cónyuge favorecido por el uso es una novación subjetiva, pero meramente provisional o interina porque durará mientras subsista la medida dictada en el proceso matrimonial; y en consecuencia, una vez desaparecida la interinidad, esto es cesada la atribución judicial del uso de la vivienda familiar, el mismo mecanismo de la notificación de la modificación al arrendador hará que recobre plena eficacia el vínculo con el primitivo arrendatario, que podrá ocupar nuevamente la vivienda sin necesidad de nuevo convenio.

5º) Abundaría también en este mismo sentido de la necesidad de demandar conjuntamente a ambos cónyuges la sentencia del TC de 31 de octubre de 1.986, cuando sostuvo que "el art. 96 CC  ha creado un litis consorcio pasivo necesario al equiparar al cónyuge no titular (no firmante) del contrato de arrendamiento con el suscriptor del mismo, considerando a ambos en la misma situación jurídica contractual. La consecuencia procesal es, pues, la necesidad de traer a juicio a los dos para evitar que, ausente uno, pueda éste verse afectado sustancialmente en su derecho material (aquí la posesión arrendaticia) por la sentencia dictada contra el otro, con eficacia de cosa juzgada, es decir, con indefensión insubsanable. De ahí, para impedirlo, que la doctrina jurisprudencial haya determinado el deber de apreciar "ex officio" la no llamada al juicio del litisconsorte y declarar mal formada la relación jurídica procesal, sin entrar en el fondo del asunto.

6º) Desde esa premisa debe entenderse que la demanda de resolución del contrato fue correctamente dirigida frente a ambos cónyuges, por mucho que la condena al desalojo y al pago de la renta solo incumbiera al consorte no contratante, de lo que sigue que la sentencia impugnada se equivocó al desestimar ese primer pronunciamiento frente al apelado y por ende también cuando condenó a la actora al pago de las costas causadas al mismo, que en todo caso debería haber obviado atendiendo a las dudas de derecho que evidencian las divergencias existentes en la llamada jurisprudencia menor recaída sobre este mismo particular.

D) La sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, sec. 3ª, de 17 de enero de 2011, nº 13/2011, rec. 359/2010 manifiesta que:

No pocas dudas ha suscitado el precepto acerca de las consecuencias que se derivan del mismo y en concreto cual es el carácter que ostenta el arrendatario saliente, mas al respecto doctrina y jurisprudencia mayoritaria de las Audiencias vienen sosteniendo que independientemente de cual de los dos cónyuges sea titular del contrato de arrendamiento, la atribución que de la vivienda familiar se realice a uno de ellos, tanto a través del convenio regulador aprobado judicialmente, como de la decisión judicial en un proceso matrimonial contencioso, no es más que la atribución del uso exclusivo de la misma, esto es su derecho a usarla y disfrutarla. Derecho que no modifica la titularidad del contrato, ni las obligaciones del arrendatario, use o no la vivienda, y que de ningún modo supone una cesión a los efectos del art. 24 L.A.U que exija el consentimiento del arrendador, pues frente a la sustitución que de la figura del arrendatario cedente a favor del tercero cesionario que asume las obligaciones y derechos de aquel, implica toda cesión ya onerosa ya gratuita, lo cierto es que en la atribución del uso, es arrendatario quien lo era antes de la crisis matrimonial, si bien se le priva de su derecho a usarla, no desapareciendo de la relación contractual ya que es él quien asume las obligaciones frente al arrendador, y ello porque aquella no es definitiva, en la medida en que tanto el convenio aprobado judicialmente como las medidas acordadas por el Juez en un proceso contencioso son susceptibles de modificación si varían las circunstancias que sirvieron de fundamento a su adopción, de ahí que en una determinada situación si fuere otro el interés familiar más digno de protección, se daría un cambio en el uso, tornando éste por ejemplo al cónyuge-arrendatario, modificación que es obvio no podría darse si se entendiera que estamos ante una verdadera cesión con cambio de titularidad contractual.

Por tanto, en el supuesto de autos el arrendatario no queda exonerado de sus obligaciones frente al arrendador, pues el hecho de la separación, nulidad o divorcio, no supone una causa de resolución por ministerio de la ley en base al artículo 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, simplemente se limita a establecer un derecho de subrogación, siempre que se den los requisitos legales, a favor del cónyuge no arrendatario; pero en los casos que no se produzca dicha subrogación, o bien no se proceda a su comunicación en la forma que establece el artículo 15.2 de la LAU el arrendatario viene obligado al pago de las rentas durante el plazo de duración pactado en el contrato, sin que el mero hecho de la separación, nulidad o divorcio atribuya al arrendatario una facultad de desistir de forma unilateral del contrato.

La situación de una parte contractual no tiene porqué afectar los derechos de la contraria, de tal manera que para que ésta pueda quedar vinculada por ella deberá hacerse participe de manera clara y concluyente y ello por, sin que pueda hacerse responsable del incumplimiento de ello a la parte arrendadora, ajena a las relaciones internas de aquéllas. Y en este sentido debe ser entendido el artículo 15.2 de la LAU que establece la obligación de comunicar, pero no indica cual de los dos cónyuges debe hacerlo.

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